Conferencia Magistral del Ministro José Ramón Cossío Díaz

Boca del Río, Veracruz a 4 de septiembre de 2015
En el mes de septiembre de 2015, tuvimos la oportunidad de escuchar al Ministro Cossío en la conferencia magistral que dictó en el marco del 3er Coloquio Internacional Estudios Institucionales. “Hacia la efectividad de los DESC en el Estado Constitucional”. Fue, sin duda, una charla provocadora en la que afirmó que la efectividad de los DESC no es un problema de dogmática y ni siquiera procedimental, sino que tiene que ver con la autocontención de jueces y abogados, ya que no utilizan con la amplitud debida los mecanismos que hoy se tienen a la mano, e incluso podría decirse que sus argumentos son más bien tímidos, dejando a la Corte la mayoría de las argumentaciones más controversiales pero sin proporcionar los asideros legales que tienen a su disposición.
El Ministro preguntaba ¿hasta dónde pueden llegar las decisiones de los jueces? Dichas decisiones ¿pueden encaminar u orientar el camino de las políticas públicas y la gestión presupuestal? Su posición es que los jueces si crean derecho y, además, hacen política pública. Asume la visión de que los jueces tienen una función constructiva de la que, por razones ideológicas, no se dan cuenta.
Por todo ello, es importante que como estudiosos y operadores del derecho nos preguntemos ¿qué puedo hacer con las herramientas dogmáticas y procesales que tengo a la mano? ¿Hasta dónde puedo llegar en su utilización? Al parecer, para Cossío, hoy en día, los abogados formados en las aulas universitarias del país, aún no tienen la visión completa de todo lo que la reforma de 2011, y la sentencia Radilla Pacheco, nos puso en la mesa para enfrentar la crisis actual de la justicia en México y, sobre todo, para exigir más del órgano jurisdiccional, en todos sus niveles. Esa falta de innovación y audacia que los litigantes reflejan hace más lenta la posibilidad de explorar las enormes potenciales del sistema constitucional, y convencional, actual. Por otro lado, afirmó el Ministro, la academia no está produciendo conocimiento pertinente y se queda con declaraciones generales y obvias que no aportan nada.
Sin duda existen herramientas a nuestro alcance, como el litigio estratégico y el propio marco legal mexicano, que exigen un mejor tratamiento por parte de las Universidades y Centros de Investigación, tanto para que la formación de los futuros profesionales del derecho ofrezca un perfil más sólido y refinado, como para la generación de conocimiento jurídico que incida en la interpretación jurisdiccional y en la protección efectiva de los derechos humanos. Es indispensable trabajar en estos dos ámbitos (formación e investigación) para lograr una ampliación o, por lo menos, el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Además, no podemos olvidar que efectivamente las decisiones de los jueces, hoy día, sirven de guía para la formulación de políticas públicas inclusivas y democráticas, así como para el manejo racional del presupuesto.
Nos deja esta conferencia amplias reflexiones y compromisos que en los próximos tiempos habrán de asumirse tanto por las instituciones como por los profesionales (en formación y en ejercicio) pues es indispensable aprovechar esta coyuntura histórica en la reformulación del Estado Constitucional, que tiene como pilar fundamental la perspectiva de derechos humanos.

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